El expresidente estimó durante « El programa político » de France 2 que el juez de instrucción que le había imputado lo había hecho por un « delito formal », superando el techo de gastos de campaña de 2012, por lo que ya ha sido multado por la Sala Constitucional. Concejo.

“El juez se negó a acusarme por los crímenes cometidos por los líderes de Bygmalion”, dijo. « Asumo todas mis responsabilidades, he sido absuelto de cualquier acusación que ponga en duda mi probidad en el caso Bygmalion ».

Nicolas Sarkozy reiteró la línea de defensa presentada por su abogado el pasado 30 de agosto, luego de que la fiscalía solicitara su remisión a correcciones en este caso.

El fiscal acusa a Nicolas Sarkozy de haber excedido el tope de gastos electorales, de no cumplir con las formalidades de la cuenta de campaña y menciona, en ella, elementos contables « a sabiendas subestimados » al haber omitido gastos pagados por la UMP por los servicios de Bygmalion, así más allá de un “delito formal”.

Según la fiscalía, la responsabilidad del exjefe de Estado está « plenamente comprometida », en particular porque dio instrucciones a favor de un aumento del gasto, a pesar de que el rebasamiento del tope de gasto se actuó desde la tercera semana de campaña..

Después de las requisas de la fiscalía, corresponde a los jueces de instrucción decidir si remiten o no al exjefe de Estado a un tribunal penal, o si desestiman el caso.

El orden de los magistrados podría caer, por tanto, justo antes de las primarias presidenciales de la derecha, previstas para el 20 y 27 de noviembre, ensombreciendo las ambiciones del exjefe de Estado, que formalizó su candidatura a finales de agosto.

Nicolas Sarkozy sugirió que la fiscalía había tomado una decisión política por orden del poder socialista.

“Casualmente, hicimos esto en el momento del juicio de Cahuzac”, dijo en referencia al juicio del exministro de presupuesto de François Hollande por evasión de impuestos.

El expediente Bygmalion se refiere a 18 millones de euros de supuestas facturas falsas emitidas por Bygmalion, pero también a otros gastos de la UMP, por 13,5 millones de euros.

Además de este expediente, Nicolas Sarkozy está imputado por tráfico activo de influencias, corrupción activa y encubrimiento de violación del secreto profesional en el denominado caso de las “escuchas telefónicas”.